Artículo de nuestro compañero Antonio Serrano en la Revista Sistema

El artículo pasado de esta Sección lo iniciábamos haciendo referencia a la relegación de las políticas de protección de la naturaleza en el actual marco de fuertes turbulencias derivadas de las sucesivas crisis globales que están azotando al planeta, que, tras la invasión de Ucrania, tienen efectos acumulativos sobre un mundo en cambio global, con la inmensa mayoría de la población sufriendo unas consecuencias gravemente negativas, entre las que no son menores los riesgos de hambrunas y sus consecuencias desestabilizadoras internas y externas (migraciones).

Reiterábamos que el mantenimiento de la salud y bienestar de las personas no puede lograrse si no es en el marco de una naturaleza sana y sostenible que mantenga su biodiversidad y proporcione los adecuados servicios de los ecosistemas como soporte de esa salud y bienestar. Y culminábamos el artículo concluyendo que la priorización y puesta a disposición de medios y presupuestos para conservar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, ni están ni se les esperan más allá de regulaciones o propuestas que, después, son imposibles de implementar o gestionar por falta de los recursos necesarios; lo que nos llevaba a una situación de riesgos crecientes ambientales, que terminan convirtiéndose en socioeconómicos y de ruptura de equilibrios geoestratégicos.

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Texto publicado por nuestro compañero Jose Luis Fdez. Casadevante Kois en EL DIARIO

Según la RAE, el adoctrinamiento consiste en inculcar en alguien determinadas ideas o creencias. Una palabra cuyas resonancias evocan imaginarios totalitarios, imposición en las formas de ver el mundo, falta de libertad de expresión y sistemas educativos perversos. No es casualidad que se haya escogido para justificar la retirada del currículo de educación secundaria, en la Comunidad de Madrid, términos como: ecosocial, ecofeminsimo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, memoria democrática…

Al acusar de “terminología ideológica” a la Agenda 2030 impulsada desde Naciones Unidas, se está cuestionando el mayor consenso global que existe. Al burlarse de las palabras que desde el ecologismo tratan de nombrar los problemas y alumbrar los cambios que necesitamos, se pretende invalidar las propuestas más serias y rigurosas alineadas con el mejor conocimiento científico. Ante la progresiva apertura de la esfera pública, y especialmente del entorno educativo, a debatir de estas cuestiones, la respuesta es una ofensiva que pretende cerrar la conversación. El terraplanismo político ataca preventivamente, elude las discusiones en nombre de la defensa de la libertad y de unos valores amenazados.

A lo largo de nuestra historia, los procesos de renovación pedagógica y de ecologización del sistema educativo han avanzado junto a los procesos de democratización de la sociedad. Contextos en los que las reformas educativas coincidían con el desarrollo de horizontes transformadores que desbordaban el recinto de la escuela.

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Apuntes de nustro compañero Jorge Riechmann en el blog de la UAM.

En lo que llevamos de siglo XXI, la crisis climática –deberíamos más bien hablar de tragedia climática– sigue una consistente pauta de “peor de lo esperado”, como viene analizando por ejemplo Ferran Puig Vilar.

El pasado 18 de mayo de 2022 se hizo público el informe de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) The State of the Global Climate 2021, recopilando evidencias científicas de las que deberían helarnos la sangre (si estuviésemos prestando atención). La OMM destaca que en 2021 marcaron su nivel más alto cuatro indicadores de la crisis climática: la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el calor acumulado en mares y océanos y la acidificación de estos últimos.

El fenómeno de la acidificación, al que nuestra sociedad presta quizá aún menos atención que a los otros tres, está preñado de consecuencias fatales. Los océanos absorben el 23% de las emisiones antropogénicas anuales de CO₂ que primero se acumulan en la atmósfera. El dióxido de carbono reacciona con el agua marina y provoca la acidificación de los océanos, que amenaza a los organismos y la vida en los mares. Se cree que alguna de las megaextinciones en el pasado de la Tierra fue causada por la acidificación, que indujo el colapso de los ecosistemas marinos.

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La Organización Meteorológica Mundial ha presentado este informe, donde repasa a los fenómenos climáticos extremos vividos el pasado año. Cuatro de los indicadores clave que se emplean para medir el avance del cambio climático registraron niveles récord el pasado año.  

• las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera,  
• la subida del nivel del mar,  
• el calor acumulado en los océanos, 
• la acidificación también de los mares.  

La temperatura media global en 2021 fue 1,1 grados Celsius más alta que los niveles preindustriales. Y los últimos siete años son los más cálidos registrados desde que arrancan las mediciones fiables, a mediados del siglo XIX.  

El nivel medio del mar a escala mundial alcanzó un nuevo máximo en 2021, tras aumentar una media de 4,5 milímetros anuales durante el período 2013-2021″, señala la WMO. “Esta cifra, que es más del doble que la registrada entre 1993 y 2002, obedece principalmente a una pérdida de masa de los mantos de hielo más rápida”, añade. Ese incremento pone en peligro a cientos de millones de habitantes de zonas costeras del planeta y aumenta la vulnerabilidad a los ciclones tropicales. 

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COAG ha presentado el primer gran estudio divulgativo en torno a la evolución del clima y sus impactos en nuestros viñedos, olivares, campos de cereal y dehesas.

Una subida media de las temperaturas de 2ªC hasta 2050 incrementaría de forma exponencial el importe de la “factura climática”: reduciría un 20% de la superficie de viñedo de alta calidad en España, un 15% los rendimiento en trigo en el centro y sur peninsular y, en el caso del olivar, únicamente la variedad picual podría mantener los rendimientos en secano en las zonas interiores de cultivo.

El cambio climático ya pasa factura al campo español: cada año se pierde el 6% del valor de la producción, más de 550 millones de euros.

El estudio estima que se podría llegar a perder más un 10% de la superficie más apta para los vinos de calidad en toda España y un 80% de la superficie de variedades de olivo como hojiblanca o manzanilla en Andalucía; también podría llegar bajar en torno al 8% los rendimientos del trigo en España. Con un incremento de 2°C los daños podrían ser muy graves y podrían peligrar las dehesas de encina en la parte occidental de Andalucía o Extremadura; podría llegar a descender más de un 15% el rendimiento de cereales como el trigo en algunas regiones; la superficie de viñedo de alta calidad podría reducirse en un 20%; y en el caso del olivar, únicamente la variedad picual podría mantener los rendimientos en secano en las zonas interiores de cultivo.

Las mayores pérdidas irían asociadas al incremento del estrés hídrico en los cultivos debido al aumento de la evapotranspiración, por el aumento de las temperaturas, y al descenso de las precipitaciones. Este descenso iría acompañado de una mayor frecuencia de sequías, hasta 5 y 10 veces más alta si se superan los 1,5 o 2°C.

Acceso al informe: AQUÍ

Este informe elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), ha sido  coordinado por Beatriz Felipe Pérez, investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) y socia de la cooperativa CICrA Justicia Ambiental, y supervisado por Susana Borrás, profesora agregada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y directora académica del proyecto Migraciones Climáticas. 

Presta especial atención a los pequeños progresos políticos y normativos, pero también en el plano de la sensibilización pública. Desde una perspectiva optimista, pero realista, busca incitar a continuar trabajando hacia el reconocimiento y la protección jurídica de las personas migrantes climáticas. 

Asimismo, describe el vacío jurídico persistente en el Derecho internacional, sobre todo en las ramas del Derecho internacional y regional de la movilidad humana y en el marco normativo internacional del cambio climático, junto con algunos desarrollos clave, con el objetivo de establecer un punto de partida que nos permita comprender y relativizar la importancia y la magnitud de los avances más actuales que se describen en los siguientes apartados.  

En este sentido, el informe aborda tres progresos recientes importantes:  

(1) la paulatina aplicación de la obligación de no devolución para ciertos casos de migraciones climáticas internacionales, 

(2) la progresiva inclusión de referencias a la movilidad humana inducida por el cambio climático en los marcos jurídicos nacionales (del cambio climático y de la movilidad humana), 

(3) en el plano político, la adopción de políticas públicas específicas, la progresiva inclusión de este tipo de referencias en políticas existentes y dos propuestas interesantes en la Unión Europea y en Estados Unidos.  

Finalmente, analiza la sensibilización pública sobre esta temática, tanto a nivel global como en España. Si bien este fenómeno es cada vez más conocido y las iniciativas para visibilizarlo en periódicos, canales de televisión y emisoras de radio, así como las formaciones, los informes y los actos de difusión de todo tipo se han multiplicado en los últimos años, continúa siendo un tema poco familiar para el público en general, lo que repercute, indirectamente, en la falta de reconocimiento del fenómeno, así como en la carencia de mecanismos de protección para las personas afectadas. 

Acceso a descarga del texto completo: AQUÍ 

Artículo de nuestro compañero Antonio Serrano en la Revista Sistema

Una vida en armonía con la naturaleza.

El 26 de marzo se llevó a cabo “La hora del planeta”, promovida por WWF desde 2007, con la realización de apagones simbólicos, que tratan de concienciar y mostrar la incidencia que el ahorro energético puede tener sobre el calentamiento global y sobre el equilibrio ecológico del planeta. La iniciativa se ha convertido en un fenómeno mediático al que se suman ciudadanos particulares, ayuntamientos o empresas que quieren estar en la iniciativa por su poder propagandístico, aunque la repercusión en lo que sí sería un verdadero compromiso con los objetivos propugnados –el “net cero” de emisiones lo antes posible y, en todo caso, para el 2050- no figura de manera explícita en la mayoría de los seguidores de esa “Hora del planeta”.

Entre el 25 de abril y el 8 de mayo, se celebrará, en Kunming, la segunda etapa de la COP15 del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (la primera se celebró en China, de forma virtual, entre el 11 y el 15 de octubre de 2021) para decidir sobre un nuevo plan de acción global para la naturaleza para el 2030, tras los escasos avances registrados hasta la fecha en el freno de la pérdida de biodiversidad. Se pretende avanzar en 4 grandes objetivos para el 2050, con 10 hitos y 21 metas para el 2030, que centrarían la acción en la protección del 30% de las tierras y océanos para ese año, y en limitar la contaminación agrícola y por plásticos; si bien el compromiso no es general entre todos los países, apareciendo la tradicional oposición a los acuerdos de países como Brasil –desde que es presidente Bolsonaro- o de Sudáfrica, por ejemplo.

Hay que señalar que Donald Trump abandonó la Convención de Diversidad Biológica, sin que EEUU haya vuelto a integrarse en la misma, ni a suscribir la Declaración de Kunming^[1] adoptada en la primera parte de la COP15 celebrada en esa ciudad. Declaración que, básicamente, pretende revertir la dinámica de pérdida de biodiversidad actual, definiendo una senda de recuperación de la misma para el 2030, que posibilite lograr la pretendida “visión”, para 2050, de “Una Vida en Armonía con la Naturaleza”. Declaración que ha sido considerada como un documento continuista de las líneas, programas y acciones reiteradamente demandadas, pero de escaso éxito y aplicación práctica hasta la actualidad.

El Informe “Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5”^[2], señalaba que la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas habían dado lugar a que dos terceras partes de los servicios proporcionados por la naturaleza a la humanidad estuvieran en reducción y en riesgo.

Tras el sucesivo fracaso de los objetivos de frenar la pérdida de biodiversidad, primero para el 2010, y después para el 2020, respectivamente, ya que no se había logrado plenamente ninguna de las 20 metas perseguidas (aunque hubiera habido avances parciales en algunas) el Informe mostraba que la mayoría de los hábitats estaban declinando y que la tasa de extinción de especies se seguía acelerando. Y demandaba la imprescindible recuperación de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas por motivos directamente ligados a la salud humana. Sin embargo, el hecho de que la acción práctica en esta materia esté condicionada por las políticas que se terminen desarrollando realmente, hace no ser optimistas respecto a la evolución hacia la señalada “Vida en Armonía con la Naturaleza”, en un marco que necesitaría una trayectoria radical de reversión de la tendencia de destrucción de biodiversidad biológica (representada por la línea negra inferior de la Figura siguiente) con políticas superpuestas que condujeran la biodiversidad a los niveles existentes a principios de siglo: políticas de conservación/restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas; freno al calentamiento global; reducción de impulsores de la pérdida de biodiversidad; producción sostenible; y reducción del consumo.

Pesimismo asociado a que la dinámica derivada del modelo de crecimiento imperante en la sociedad actual, difícilmente puede corregir sus procesos expansivos de trasformación en los usos del suelo, con la correspondiente afección a ecosistemas y pérdidas de biodiversidad y riesgo de nuevas zoonosis.

Naturaleza y bienestar.

En febrero de 2021 la UNEP (2021)^[3] publicaba “Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies” en el que, frente a lo que había sido la trayectoria de la humanidad, desde 1970 a 2020, en lo que se refería a crecimiento demográfico y económico, oponía los fuertes impactos que este crecimiento había generado sobre la naturaleza. Y advertía de los riesgos que implicaba no realizar un cambio en profundidad en las dinámicas seguidas hasta entonces, tanto para lograr un bienestar sostenible en el tiempo para la población, como para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Hay que señalar que destacaba la interrelación entre crecimiento, uso del suelo, calentamiento global y pérdida de biodiversidad, así como su interacción sobre el bienestar humano, atendiendo al diagrama de flujos/esquema que se recoge en la Figura siguiente.

En particular, hay que destacar la previsión de pérdida de biodiversidad asociada a los distintos Escenarios de Calentamiento global estimados por el IPCC a los que nos hemos referido reiteradamente en esta Sección, llegando a una síntesis que se recoge en la Figura siguiente.

El Escenario de máximas emisiones y máximo calentamiento medio global (SSP5xRCP8.5) tendría, como era de esperar, una fuerte incidencia en la pérdida de biodiversidad; pérdida que se reduciría sustancialmente para el Escenario de sostenibilidad de emisiones/calentamiento (SSP1xRCP2.6), cada vez más improbable y, a la vez, más necesario desde la perspectiva de la salud del planeta y de sus habitantes.

Por otro lado, el Informe destacaba que el deterioro del bienestar humano con la degradación de la Naturaleza, se produce por la incidencia de los tres ODS directamente ligados a la sostenibilidad (ODS13-calentamiento global, ODS14-biodiversidad terrestre; y ODS15 vida bajo el agua) sobre los ODS ligados a la Producción y al Consumo (ODS2- alimentación, ODS6- agua, ODS7- energía, ODS8- crecimiento y empleo, ODS9- infraestructuras, ODS11- ciudades y asentamientos humanos, ODS12- consumo y producción sostenible y ODS17- cooperación para el desarrollo) y, conjuntamente con estos, sobre los relacionados con el Bienestar de la población sobre el planeta: ODS1- no pobreza, ODS3- salud y bienestar, ODS4- educación, ODS5- igualdad de género, ODS10- reducción de las desigualdades, y ODS16- paz y justicia.

De forma práctica, atendiendo a los Indicadores que utiliza tanto el SDSN (2021)^[4] como el INE (2021)^[5] para la medida del logro de cumplimiento de los 17 ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, encontramos que cabe definir las interrelaciones “medidas” de los tres ODS según la siguiente tabla, en la que se aprecia la importancia destacada de los ecosistemas terrestres y la menor incidencia de las interrelaciones de la lucha contra el calentamiento global, si bien Naciones Unidas señala que el grado de cumplimiento de este ODS13 debe relacionarse con el cumplimiento de la Agenda de París (COP21, de 2015), y con las correspondientes exigencias y compromisos asumidos en las sucesivas COP, a la última de las cuales (Pacto de Glasgow de la COP26, de 2021) nos hemos referido en artículos anteriores.

Como consecuencia, parece evidente que el avance en la protección de la biodiversidad y en la utilización sostenible de los ecosistemas tendría una influencia muy sensible sobre la actividad humana y sobre su bienestar, lo que debería incidir en una mayor preocupación por esa conservación, recuperación y racionalización del uso de nuestro patrimonio natural reiteradamente demandada, pero cuya primera manifestación –frenar la pérdida de biodiversidad- no logra producirse ni siquiera en la UE, vanguardia mundial en materia ambiental.

¿La medida del bienestar subjetivo objetivada?

Pese a la evidente interrelación entre medio ambiente y salud, se mantienen numerosas aproximaciones al bienestar donde esta interrelación es claramente obviada. Así, anualmente se viene publicando, por parte de varios autores –Helliwell, J.F. et alt. (2022)[6]– una aproximación a la evolución del bienestar subjetivo medido a través de encuestas relativas a una serie de ítems (Gallup World Poll) y a un conjunto amplio de datos referidos a la situación específica de factores que afectan a la población de cada país. En todo caso, la evaluación gira sobre tres aspectos: condiciones de vida; emociones positivas (risa, disfrute, aprendizaje, realización de una actividad interesante); y emociones negativas (preocupación, tristeza y ansiedad).

El Índice de Felicidad de cada país se estructura en base a una clasificación centrada en la parte explicada por la renta per cápita (su modelo utiliza el logaritmo de la renta per cápita como variable de cálculo); el soporte social (se refiere a la media de la contestación dada por los individuos a la encuesta de Gallup respecto a si tienen ayuda de familiares o amigos en caso de problemas: 1 si la respuesta es sí; 0 si es no); la esperanza de vida saludable al nacer; la libertad de elección individual (se refiere a la media de la contestación dada por los individuos a la encuesta de Gallup respecto a si se encuentra satisfecho con la libertad de hacer lo que se desea con la propia vida: 1 si la respuesta es sí; 0 si está insatisfecho); la generosidad (calculada en base al término residual de la regresión entre la respuesta a la encuesta sobre si se ha donado dinero a la caridad en el último mes, respecto al logaritmo de la renta per cápita); la percepción de corrupción (como media de las respuestas en la encuesta a si la corrupción en el gobierno o en los negocias está extendida en el país); y la distopía, entendida como síntesis respecto a las respuestas de emociones positivas (risa, disfrute, aprendizaje, realización de una actividad interesante); y emociones negativas (preocupación, tristeza y ansiedad) sentidas el día anterior a la realización de la encuesta de Gallup. Distopía que, como observamos en la Figura siguiente para los 52 países de mejores resultados, tiene un peso muy significativo (color morado) en la determinación del Índice de Felicidad medio asignado a la población de cada país.

Con respecto a este Índice de Felicidad, Finlandia, con 7,821 puntos presenta la primera posición, situándose España en la posición 29, con 6,476 puntos (83% del máximo), en lo que se refiere al indicador de 2022, que recoge la media de datos de 2019-2021. El Índice de Felicidad de 2021, que recogía la media de datos de 2020, situaba también a Finlandia en primera posición, con una media de 7,889 puntos (un 0,9% superior a la de 2022) y a España en la posición 24 (ha empeorado en 5 puestos de 2021 a 2022) con una media de 6,502 (82% del máximo, con una pequeña mejora en 2022, ya que sólo pierde 0,8% de su puntuación frente al 0,9% de Finlandia).

Llegados a este punto, la pregunta es ¿qué nos aporta este tipo de estudios y que objetivos implícitos o explícitos existen en este tipo de normalización/clasificación? Una posible aproximación a la respuesta se aporta en el epígrafe 5 de este artículo.

España ¿en la senda hacia el desarrollo sostenible y la felicidad de su población?

La situación de España en la posición 29 del ranking anterior podría ser asumida como coherente si no fuera porque, como se aprecia en la Figura 4, en posiciones mejores figuran, entre otros, países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, en los que la desigualdad de género en cuanto a oportunidades de desarrollo hace que la mitad de la población no pueda considerarse dentro de patrones objetivos de desarrollo o felicidad. Y ello, por mucho que las contestaciones individuales sobre las emociones positivas o negativas manifestadas en el día anterior a la encuesta de Gallup manifiesten características de mayor “felicidad” media al conjunto de la población respectiva.

En todo caso, atendiendo a la evolución comparada de los Indicadores españoles respecto al conjunto mundial de Indicadores utilizados para medir la situación relativa de España en el global de países, obtendríamos que la evaluación que realiza el citado SDSN (2021), recogida en la Figura 5 siguiente, sitúa a España en la posición 20, entre 165 países, con una puntuación (79,5 puntos) que es el 93% de la puntuación máxima (85,9 puntos) que, nuevamente, corresponde a Finlandia.

Es evidente que la definición de los Indicadores y de las variables utilizadas para medirlos condicionan los resultados y valoraciones correspondientes, siendo dudosa la adecuación de algunos de estos Indicadores para valorar el grado de avance hacia el concepto de “desarrollo sostenible” sustentado por Naciones Unidas, cuyo origen se sitúa en el conocido como Informe Brundtland (ONU 1987)^[7]. De hecho, varios de los Indicadores definidos por SDSN (2021) tienen una fuerte correlación con el crecimiento económico, tendiendo a valorar positivamente la tendencia del modelo de crecimiento actual, claramente insostenible a medio-largo plazo, lo que les hace incompatibles con un avance significativo en el cambio necesario, tanto en el Modelo de Desarrollo, como en la actual priorización de los intereses privados cortoplacistas que lo sustentan.

Naciones Unidas empezó a elaborar, desde 1990, los conocidos como Informes de Desarrollo Humano, con la publicación anual del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el último publicado de los cuales -PNUD (2020)^[8]– trata de reflejar los niveles de desarrollo medio de cada país, medidos, a través de tres indicadores fundamentales (renta per cápita, esperanza de vida y nivel de enseñanza). Pero sigue existiendo una alta correlación entre PIB per cápita (uno de los indicadores utilizados es el logaritmo de esta variable) y el IDH, lo que demostraba su insuficiencia para reflejar la dinámica real del desarrollo, al correlacionarse el IDH con el crecimiento económico. Como consecuencia, este IDH se iría complementando con indicadores de desigualdad social, de diferencia de género y de impacto ambiental, con cálculos, fuentes y metodología homogeneizadas -PNUD (2022)^[9].

En el Informe de 2020, con valores para 2019, se definen los valores asociados a la consideración, por separado, de cada uno de estos factores con cambios significativos en los resultados. En concreto, para España, la consideración de cada uno de estos elementos adicionales produce cambios muy significativos en la posición que ocupa España en el ranking de cada uno de los niveles de desarrollo humano por países, según se aprecia en el Cuadro siguiente para el citado año 2019:

Como apreciamos, España, en 2019, ocupaba la posición vigesimoquinta en el ranking total del IDH, si bien mejora significativamente cuando consideramos sus mejores niveles en igualdad de género (sube a la 16ª posición en el ranking global) o su menor presión ambiental asociada al desarrollo (sube a la 14ª posición en el ranking global). Pero empeora muy significativamente cuando se consideran los niveles de desigualdad social (baja a la 38ª posición en el ranking global), señalando uno de los problemas más significativos de la dinámica de desarrollo en España.

Por otra parte, a los efectos de este artículo, hay que señalar la importancia del denominado PHDI, obtenido ajustando el IDH para tener en cuenta las presiones ambientales[10] asociadas en cada país a la consecución de los correspondientes niveles de desarrollo, con lo que se tiene en cuenta que, normalmente, los países con mayor nivel de desarrollo humano tienden a ejercer una presión mayor -y a mayor escala- sobre el planeta, lo que lleva a menores PHDI para los mismos. No obstante, en países desarrollados con un nivel de huella ecológica y emisiones per cápita relativamente menor, como España. la consideración de este Índice le lleva a ganar posiciones relativas en la ordenación global de países, tal y como apreciamos en la Figura siguiente, donde se destaca el cambio de posición de España y su mejora relativa respecto a muchos países desarrollados.

Las insuficiencias de las técnicas de normalización.

La utilización de distintos Indicadores y de las variables utilizadas para su cuantificación nos llevan a resultados diferentes, que aquí hemos reflejado al centrarnos en la clasificación por países de las supuestas medidas medias de felicidad y de desarrollo. No son las únicas clasificaciones ni las distintas formas de medida en un proceso en el que las técnicas de normalización tienen un papel muy significativo.

Técnicas de normalización que han experimentado un crecimiento espectacular en el análisis socioeconómico, posibilitado por el progreso de la informática, los Big Data, la Inteligencia Artificial y el Machine Learning, así como con su aplicación al mundo de las nuevas tecnologías y su explotación para el desarrollo de un consumo inducido, expansivo y dirigido a través de las nuevas redes sociales e internet[11].

Aplicaciones que forman parte de la evolución hacia una sociedad de la normalización –Supiot, A. (2022)[12]– que se inicia con el ascenso de las técnicas cuantitativas, que, desde finales del siglo XVIII, ampliaron al campo social aproximaciones “modelísticas” heredadas de la física o de la biología, con el objeto de medir, entender y controlar el funcionamiento de la sociedad.

Control justificado por la profundización en el conocimiento de una ciencia que pretende interpretar las leyes que rigen la sociedad humana, valorarlas en función de patrones u “objetivos” determinados y, en su versión más dirigista (“gobernanza por los números”), justificar la necesidad de normalizar los comportamientos humanos de acuerdo con esos patrones u “objetivos”. En el epígrafe dedicado al Índice de Felicidad subjetiva, por ejemplo, se trataría de lograr los niveles de felicidad media considerados para Finlandia, como ejemplo real óptimo, interviniendo para que las variables que miden ese nivel de felicidad se aproximen a los valores de Finlandia.

Se sustituyen “utopías” o “lo que debería ser” por “lo que es mejor” en esa realidad modelizada desde las “normalidades” establecidas, de manera que la “gobernanza” va siendo reducida a una buena administración hacia “lo mejor posible dentro de lo que ya es” (filosofía implícita en lo que se concibió como “el fin de la historia”).

La justicia social, la igualdad de derechos, deberes y oportunidades queda sustituida por el realismo/pragmatismo político y económico, quedando en un segundo lugar, como meros enunciados del “buenismo utópico”, contenidos característicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: derechos humanos fundamentales, la dignidad de la persona humana, o la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de países grandes y pequeños. Objetivos difícilmente compatibles con los principios del neoliberalismo imperante desde comienzos de la década de 1980, que pusieron en cuestión el papel del estado, de los sindicatos o del derecho laboral, los sistemas de seguridad social y los servicios públicos, cuya satisfacción se ligaba a la capacidad de pago individual “que valoraba lo que realmente valían esos servicios, asegurando su eficiencia”, pero olvidando la situación de los que no disponen de recursos para su abono y quedan al margen de esos servicios.

La pandemia de la Covid-19 ha puesto en cuestión esta dinámica, asociada también a la degradación y privatización del sistema público sanitario, porque ha mostrado la incapacidad del neoliberalismo (seguros privados) para responder a los costes de la vacunación y a los costes hospitalarios; o para regular de forma no catastróficas los efectos de los confinamientos sobre la sociedad capitalista de consumo. Ello ha devuelto al Estado funcionalidades cuestionadas, y revalorizado el papel de la salud en el “buen gobierno”[13], si bien parece que esta tendencia no ha durado demasiado en la perspectiva occidental, ante nuevos “cisnes negros”, como la invasión de Ucrania por Rusia, asociada a una dinámica de desestabilización geoestratégica de los límites de la UE, que vuelve a poner el foco en objetivos y procesos ajenos a la prioridad de los derechos humanos de todos los habitantes del planeta y, como consecuencia, a la relegación de objetivos ambientales (calentamiento global, con la nueva potenciación de energías fósiles, y desaparición de la prioridad de la biodiversidad-salud) frente a la urgencia de políticas inmediatas de índole geoestratégica.

Ya hemos recogido en esta Sección cómo la defensa de la salud frente a la pandemia ha incrementado la inestabilidad económico-financiera, las desigualdades, los problemas logísticos y de transporte, y la generación de tensiones inflacionistas, que ya estaban presentes mundialmente en el campo de los combustibles fósiles y de las materias primas a inicios del 2022; pero que en España manifestaban una particular incidencia a través de la problemática de la fijación de los precios energéticos y, muy particularmente del de la electricidad. Lo que mostraba riesgos evidentes para una recuperación económica demasiado condicionada también por los altos niveles de deuda pública y de las empresas, que no presentaba graves consecuencias en una situación de tipos de interés muy reducidos y actuación masiva de compra de deuda por los bancos centrales, pero con sombras de graves riesgos ante las potenciales reacciones de esos bancos centrales ante el incremento de la inflación.

Todo ello nos llevaba a señalar el riesgo de que se agravaran las desigualdades y se incrementara en mayor medida el malestar social en 2022, pese al esfuerzo regulatorio y presupuestario realizado por el Gobierno de coalición, tanto utilizando los recursos del NextGenerationEU, como los fondos allegados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en los capítulos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español. Fondos que, a través de los Presupuestos Generales del Estado^[14], se encaminaban, fundamentalmente, a objetivos de carácter social, con del orden del 60% del Presupuesto de 2022 dedicado a la igualdad y a garantizar derechos y una mayor integración social. Proceso ligado a: medidas de revalorización de las pensiones; al fortalecimiento de la economía de los cuidados; a la protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad; a la mejora de los servicios públicos esenciales, garantizando su acceso a todos; a la financiación del ingreso mínimo vital; o a actuaciones dirigidas a proteger a los trabajadores ante riesgos de exclusión del mercado laboral. Sin embargo, los fondos presupuestarios dedicados específicamente a lo que podríamos encuadrar dentro de los objetivos ambientales (ODS 13, 14 y 15, en términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible) han quedado reducidos a del orden del 4,5% del total, comprometiendo el alcance de los objetivos a medio-largo plazo en biodiversidad, protección de ecosistemas y lucha contra el calentamiento global.

Conocido el índice de incremento de precios del INE de marzo de 2022, que sitúa éste, en términos anuales, en el 9,8%, y desatada la espiral de protestas por la acumulación del incremento de precios energéticos y las dificultades logísticas de acceso a inputs, aumentadas -con su encarecimiento añadido- tras la invasión de Ucrania por Rusia y las medidas adoptadas por la OTAN, no es extraña la producción de fenómenos como la huelga de parte de camioneros y del sector primario, y su grave efecto sobre la economía del país.

Es evidente que la UE –y España en particular- necesitan generar una reacción que no cuestione la consecución de los objetivos ambientales (porque en ellos radican la sostenibilidad y la salud de la población) pero que, a su vez, controle que el deterioro socioeconómico inevitable a corto plazo no derive en un descontento social que genere una reacción de rechazo al Gobierno de coalición, y radicalice el voto y el sentimiento ciudadano hacia la extrema derecha. Riesgo que estamos recogiendo en esta Sección desde hace demasiado tiempo y que, como hemos señalado, exige medidas inteligentes, prácticas y de apoyo, no solo a la población que más lo necesita, sino también a una clase media cuyo deterioro de las condiciones de vida va deslizando, poco a poco, hacia el radicalismo de extrema derecha.

En el próximo artículo trataremos de aproximarnos a las previsibles políticas europeas y españolas finalmente aprobadas y a su posible incidencia sobre las generaciones Z y “millenials” que constituyen el futuro de este país a medio/largo plazo; y para los que los objetivos y realidades ambientales tienen una particular incidencia.

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[1] https://www.cbd.int/doc/c/99c8/9426/1537e277fa5f846e9245a706/kunmingdeclaration-en.pdf

[2] ONU. Medio Ambiente (2020). “Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5” https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-es.pdf. En el documento se aprecia la Evaluación de los avances realizados para lograr las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, con un Resumen de los Avances logrados, en su caso, y se establece la Perspectiva esperable para el 2050.

[3] United Nations Environment Programme (2021). Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies. Nairobi. https://www.unep.org/resources/making-peace-nature

[4] SDSN, Yale Center for Environmental Law & Policy, and Center for Global Commons at the University of Tokyo. (2021). Pág. 415. https://www.sdgindex.org/

[5] INE (2021) https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm

[6] Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2022). World Happiness Report 2022. New York: Sustainable Development Solutions Network. http://worldhappiness.report/

[7] ONU (1987).- “Informe Brundtland, Nuestro futuro común”. https://web.archive.org/web/20111201061947/http://worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf

[8] PNUD (2020).-“The 2020 Human Development Report. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf

[9] PNUD (2022).- “Documentation and resources”. Human Development Data Center, Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, 2022. https://hdr.undp.org/en/data

[10] El factor de ajuste se calcula como la media aritmética de los índices que miden las emisiones de dióxido de carbono per cápita y la huella ecológica per cápita en cada país.

[11] En esta sección ya publicamos una serie de artículos sobre la problemática de estas nuevas tecnologías, dedicando atención específica al denominado “capitalismo de la vigilancia”: Zuboff, S. (2019).- “La era del capitalismo de la vigilancia”. Barcelona. 2020.

[12] Supiot, A. (2022).- “El error de Foucoult”. New Left Review. 132. Ene-febr 2022. Págs. 143-160.

[13] Pero queda mucho por hacer. Así, la prioridad de los derechos de la propiedad intelectual en el tema de las vacunaciones, frente a lo que señalaba el Preámbulo de la creación de la Organización Mundial de la Salud, abogando porque la protección de los intereses de la salud pública se impusieran a los intereses de los propietarios de las patentes, quedó modificado cinco décadas después por la creación de la Organización Mundial del Comercio, en 1994, que convertían las patentes en propiedad privada, cuya protección pasaría a ser prioritaria, pese a la no adhesión a estas normas de países como India o Suráfrica, lo que generó fuertes reacciones en contra desde EEUU y el conjunto de los países occidentales. Aunque la Declaración de Doha (2001) matizó la cuestión, asumió que el derecho sanitario internacional respetara las patentes de los medicamentos, como elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad económica de los costes de la I+D+i de las farmacéuticas. Aspecto que, aunque la Comisión Europea ha matizado a su vez tras la pandemia -Com (2020) 761 final, 25 de noviembre de 2020- su política se ha centrado en una política de ayudas a los países más desfavorecidos que no ponga en cuestión los derechos de las patentes de las farmacéuticas, con beneficios obtenidos en una gran parte gracias a las ayudas públicas. (Puede verse al respecto el artículo del citado Supiot, A. (2022). Págs. 156-160). La imperiosa necesidad de cambios significativos en la organización global de la salud puede considerarse en la alternativa de llegar a un instrumento similar al IPCC, publicada en la Revista The Lancet: Nay, O. & Barré-Sinoussi, F. (2022).- “Bridging the gap between science and policy in global health governance”. March. 2022.  DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00567-2

[14] Ministerio de Hacienda y Función Pública (2021), Informe de Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2022/Paginas/IAPGE2022ODS.aspx

Artículo de nuestro compañero José Luis Fdez. Casadevante «Kois» en EL DIARIO

La incapacidad para recordar información tras una experiencia traumática se denomina amnesia disociativa. Resulta frecuente que suceda para facilitar el olvido de sucesos especialmente negativos. Lo llamativo de nuestra sociedad es que también tiene tendencia a sepultar aquellos episodios que deberían ser fuente de orgullo, inspiración y esperanza para cambiar las cosas. Las urgencias, lo coyuntural y la tiranía de la actualidad dificultan la elaboración de una memoria significativa de acontecimientos, como pudo ser el surgimiento de las redes vecinales de ayuda mutua durante la pandemia.

La ayuda mutua fue teorizada por el geógrafo anarquista ruso Kropotkin, que asumiendo los postulados de Darwin denunció el biologicismo simplista impulsado por muchos de sus seguidores, que restringían la lucha por la vida a la competencia y la pervivencia de los más fuertes o mejor adaptados. Una visión ante la cual desarrolló la noción del apoyo mutuo, que reconocía en la sociabilidad una ley de la naturaleza del mismo rango que la competencia. La cooperación, la interdependencia y el cuidado serían el principal factor de la evolución en la naturaleza y por extensión de los sistemas sociales.

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