Tribuna publicada en EL PAÍS por escritores, científicos y activistas
Tras décadas de renuncias y cesiones a los lobbies del petróleo, del gas y del carbón, numerosas personas jóvenes —¡y a veces no tan jóvenes!— están viendo cómo nuestro futuro ha sido hipotecado. ¿Cómo sorprenderse ahora de que utilicen cuantos medios no violentos están a su alcance para hacerse oír y defender nuestra casa común, el planeta Tierra? ¿Cómo ignorar las alarmas de las científicas y los científicos que desde 2022 llaman públicamente a la desobediencia civil al ver la inacción de los gobiernos, a pesar de las muchas evidencias recogidas en sus informes?
¿Y cómo tolerar ahora que se criminalice a las personas y a los colectivos que defienden la vida de las generaciones futuras de manera pacífica y democrática?
En el informe que acaba de publicar el relator especial de la ONU sobre los defensores ambientales en el marco del Convenio de Aarhus, Michel Forst, se denuncia la represión de las protestas ambientales en toda Europa y se señalan una veintena de casos en España. El informe asegura que representan una grave regresión democrática y solicita a todos los Estados “cesar inmediatamente el uso de medidas diseñadas para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado contra los defensores del medioambiente”.
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