Este informe despliega un seguimiento en profundidad y una evaluación minuciosa de los indicadores de pobreza y exclusión social en España y sus comunidades autónomas. La pobreza, la exclusión social y la desigualdad en España constituyen problemas profundos y multidimensionales.
En las últimas décadas, las tasas de pobreza y exclusión se han mantenido altas y constantes, lo que evidencia un problema de carácter estructural resultado del sistema de organización de la sociedad, sujeto, a su vez, al marco de referencia político, económico y cultural vigente. Las consecuencias de este problema se agravan en contextos de crisis, como las que se han vivido en los últimos años, y exponen, aún más si cabe, las deficiencias y vulnerabilidades del modelo social.
El Informe ‘El Estado de la Pobreza’ es una herramienta de investigación fundamental que permite establecer evidencias para evaluar las políticas públicas y proponer acciones eficaces y eficientes que contribuyan a reducir la pobreza y la exclusión social a lo largo de todo el territorio nacional.
El Informe está elaborado a partir de datos obtenidos de fuentes de información oficiales y con metodología homologada para el conjunto de la Unión Europea. Una parte de la información básica ofrecida se encuentra disponible en la propia fuente, y el resto se obtiene mediante una explotación propia de los microdatos oficiales.
En particular, el indicador AROPE y sus componentes están calculados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), cuyo objetivo principal es analizar la distribución de ingresos entre los hogares, así como diversos aspectos relacionados con sus condiciones de vida (privación material y social, condiciones de la vivienda, dificultades, etc.). Los últimos datos, referidos a 2023, fueron publicados a finales de febrero de 2024.
Los indicadores de pobreza y desigualdad reflejan el impacto del inicio de la crisis energética que agravó la por entonces creciente inflación. Por otro lado, los indicadores de carencia material y de vivienda corresponden al año 2023 y, por tanto, también incorporan esos efectos y reflejan la pérdida en la calidad de vida que se produjo ese año.
Cabe destacar del informe 3 ideas fundamentales:
1.- España no mantiene una reducción proporcional adecuada de sus tasas de pobreza y/o exclusión para conseguir el objetivo comprometido en la Agenda 2030. Por poner un ejemplo, la tasa AROPE debería ser 5,5 puntos porcentuales más baja, es decir, debería comprender a 2,6 millones de personas que ya tendrían que haber salido de la pobreza y/o la exclusión social.
2.- En segundo lugar, el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para luchar contra la pobreza y la exclusión. El informe muestra que, ni el incremento de las rentas medias, ni la creación de empleo, ni el aumento del PIB per cápita se traducen de manera automática en una reducción proporcional de la pobreza y la exclusión social.
3.- En tercer lugar, debe destacarse el importante papel que juega la función redistribuidora del Estado para el sostenimiento de la calidad de vida del conjunto de la población. En este sentido, por ejemplo, este año la Administración pública mediante la totalidad de transferencias ha conseguido reducir la tasa de riesgo de pobreza desde el 42,6 % hasta el 20,2 %, es decir, ha retirado de la pobreza a un total de 10,6 millones de personas.
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