“Somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo” proclamaba Obama en 2015, impresionado por la contundencia de la información científica. Han hecho falta 40 años, desde la publicación del informe “Los límite del crecimiento” del Club de Roma, para que las élites mundiales reconozcan que, de no afrontar una profunda y rápida transformación de nuestros patrones energéticos, de producción y consumo, enfrentaremos una gravísima desestabilización global de los ecosistemas y ciclos que sustentan la vida actual (nuestra vida) con gravísimas consecuencias sobre los diversos territorios, poblaciones y la consiguiente multiplicación de los flujos migratorios.
Es evidente que vivimos tiempos de emergencia y excepción, que habría que asumir transformaciones profundas antes de mediados de siglo y que una de las condiciones para evitar atravesar la línea roja del incremento de temperatura superior a 1,5ªC – 2ºC a finales de este siglo, algo que resulta ya casi imposible de eludir, exige revolucionar el binomio energía-clima para reducir los consumos, abandonar los combustibles fósiles e implantar sistemas renovables y mitigar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) antes de 2050 (la Hoja de Ruta de la UE a 2050, que habrá que actualizar con mayor ambición tras la futura Cumbre de Bonn, establecía una reducción de los GEI del 80%-95% con relación a 1990).
En este marco, el Gobierno de España ha planteado un proceso de participación sobre la futura Ley del cambio climático y de la transición energética, vía encuesta en Internet, que nos parece claramente insuficiente y hemos considerado imprescindible aclarar y definir aspectos fundamentales que aquella no posibilita. A ello va dirigido este escrito. Seguir leyendo
