Articulo publicado por nuestro compañero Florent Marcellesi en Agenda Pública
Tras meses en estado de hibernación, la Ley de Cambio Climático llega a su recta final en el Congreso. Y llega en un momento político propicio para dar un salto cualitativo. La Unión Europea está dando pasos muy importantes hacia una mayor ambición en su Ley Climática, Estados Unidos ha vuelto al Acuerdo de París y, en un fallo histórico, la Justicia gala acaba de determinar al Estado francés responsable de inacción climática.
Nada de esto nos tendría que sorprender. El cambio climático está cada vez más presente en nuestras vidas. Ya sean filomenas o borrascas extremas, sequías o inundaciones, danas o mega-incendios, estamos sintiendo en nuestra propia carne, salud y economía el efecto directo del calentamiento global. No lo podemos eludir: la ley de Cambio Climático no es una ley más. Se trata de una de las más cruciales para el porvenir de este país, de nuestra juventud y su derecho al futuro. Junto con los fondos europeos de recuperación, puede y debe sentar las bases de una transición ecológica y justa, que adecúe nuestra economía y nuestro modo de vida a los límites biofísicos del planeta. Con esta ley, nos jugamos nuestro bienestar de las próximas décadas.
Además, con la emergencia sanitaria hemos tomado crudamente conciencia de lo que nos puede pasar si no escuchamos a la Ciencia y si no tomamos las medidas necesarias ante una pandemia. Lo pagamos con menos salud, más muertos y más desempleo. Como escribía en este mismo medio el pasado mes de marzo, y se ha ido corroborando a lo largo del año, la emergencia sanitaria es un «ensayo general» de la emergencia climática. Aprendamos de ella para estar a la altura de la pandemia climática.
En este marco de recientes y profundos cambios estructurales, económicos y culturales, el proyecto de Ley de Cambio Climático nace, por desgracia, viejo y obsoleto. Por ejemplo, si bien en 2018 la propuesta del 23% de reducción para 2030 podía parecer a la vanguardia de Europa, hoy se ha quedado anticuada. Es una propuesta pre-pandemia que no está alineada con la Ciencia ni con el Acuerdo de París; no responde suficientemente a las exigencias de la juventud de los últimos años; no aprovecha el momentum creado por el reciente aumento de la ambición de la UE y la vuelta de EE.UU. al Acuerdo de París; no tiene en cuenta la fuerte reducción de emisiones debida a la crisis sanitaria en 2020; y se arriesga a un revés judicial por inacción climática. La Historia está acelerándose. Desde 2018, han pasado siglos en términos políticos y geopolíticos, sanitarios y climáticos. Ante ello, España necesita una ley climática post-pandemia.
Para adecuarse a estos nuevos tiempos, lo primero es elevar la ambición de la ley. Por un lado, pasa por aumentar significativamente el objetivo de reducción de emisiones para 2030 y, por otro lado, conseguir la neutralidad climática para 2040. Una apuesta más contundente en energías renovables, con un sistema eléctrico 100% renovable para 2030, y un mayor autoconsumo son también deseables. Esto sólo será posible si, al mismo tiempo, eliminamos las subvenciones a los combustibles fósiles y ponemos coto a la exploración y explotación de hidrocarburos. Además, tampoco podemos caer en la trampa de las emisiones netas o la neutralidad tecnológica, que darían alas a tecnologías o energías inviables e insostenibles como la captura y almacenamiento de carbono o al gas fósil, haciendo imposible cumplir con los objetivos de descarbonización.
Ambición también significa cambiar de modelo; empezando por la movilidad, que hoy es insostenible. La crisis sanitaria ha vuelto a recordar que gran parte de la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 se debe al transporte motorizado fósil. Adelantar a 2030 el fin de la venta de los coches con motor de combustión, conseguir la movilidad cero emisiones antes del año 2040, impulsar una Estrategia Nacional del Ferrocarril y apoyar masivamente la movilidad ciclista son hoy necesidades evidentes y urgentes. También tenemos que redimensionar el sector de la aviación con una estrategia de reducción gradual del transporte aéreo, empezando por sustituirpor trenes los vuelos nacionales de menos de tres horas y por aprobar una moratoria a la ampliación o construcción de aeropuertos. Además, una tasa a los billetes de avión, junto con un impuesto a las emisiones de CO2, permitiría financiar una renta climática ciudadana, para que cada persona empadronada en España pudiera invertir en eficiencia energética o autoconsumo renovable. Para ser ampliamente aceptada, la transición ecológica puede y debe ser justa.
Por último, al igual que hemos aprendido a alinearnos con la Ciencia para enfrentarnos a la emergencia sanitaria, también es hora de alinearnos con ella para enfrentarnos a la emergencia climática. Y para escucharla, necesitamos un comité de expertos independiente y potente. También hemos aprendido que, ante cambios estructurales y culturales, escuchar a la sociedad es fundamental: la lucha climática es un asunto democrático. Por eso, se requieren las máximas garantías para la participación de la sociedad civil a través de asambleas ciudadanas del cambio climático.
No, esta ley no es una más. Estamos a tiempo para convertir un proyecto pre-pandemia en una ley post-pandemia a la altura de la nueva normalidad. Hoy, la ambición climática es la única opción.