Artículo publicado por nuestro compañero Kois en Climática
Un conocido experimento de psicología social introducía a dos personas completamente normales en la misma habitación. Previamente les habían dicho, a cada una por separado, que iban a sentarse junto a alguien extremadamente violento, pero que no se preocuparan porque era un entorno controlado y el equipo de investigación estaba atento ante cualquier imprevisto que pudiera suceder.
Al estar fuertemente condicionadas por los prejuicios, acudían al encuentro en estado de alerta y dispuestas a interpretar cualquier gesto como una amenaza de agresión. El resultado era previsible, las parejas entablaban conflictos de forma muy rápida. El diálogo y la colaboración se tornaban imposibles por las ideas preconcebidas con las que llegaban a ese encuentro. No resulta exagerado afirmar que existe una desconfianza similar entre las administraciones públicas y las entidades sociales o los tejidos comunitarios.
Una lógica que debemos cortocircuitar para salvaguardar la democracia y adaptarla a las exigencias que demandan las transiciones ecosociales. La cooperación público-comunitaria puede ser la llave que abra las puertas que todavía no existen, y nos llevan hacia las inaplazables transformaciones de nuestro modelo socioeconómico. Una fórmula con alta potencialidad transformadora que busca fortalecer de forma combinada la acción directa y la institucional. Un marco de relación en torno al que desarrollar políticas públicas no estadocéntricas y construir una autonomía que no reniegue de interactuar y coproducir con el Estado, como plantea el reciente informe que hemos elaborado desde el Foro Transiciones.
Sin democracias robustas no habrá transiciones ecosociales justas
No nos engañamos respecto al diagnóstico de partida. La delicada situación política, económica y ecológica que tenemos, tanto a nivel regional como global, la hegemonía cultural neoliberal, las inercias individualistas y los relatos meritocráticos, así como la profundización de la desigualdad o la pérdida de cohesión social, dificultan el despliegue de alternativas.
En este contexto, la profunda reorganización del funcionamiento de nuestras sociedades y de sus metabolismos sólo será viable en la medida en que se desarrollen estrategias colectivas, donde se enfatice la cooperación y la conflictividad creativa, huyendo de la mera confrontación entre instituciones públicas y sociedad civil. Y es que la crisis ecosocial conlleva escenarios donde ninguna institución pública va a poder enfrentarse en solitario a los retos de implementar una nueva agenda capaz de reorientar los modelos económicos y los estilos de vida. A la vez tampoco resulta creíble que las dinámicas autoorganizadas, por sí solas, vayan a ser capaces de generar los niveles de resiliencia social necesarios con un carácter universalista.
Deberíamos partir de la convicción profunda de que nadie tiene en este momento suficientes conocimientos, recursos e instrumentos como para arrogarse el monopolio de hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. La cuestión ecosocial no es sectorial sino de carácter sistémico, por lo que no se trata de reverdecer o ambientalizar las políticas convencionales, sino de que la ecología sea capaz de vertebrar, condicionar y dotar de coherencia al conjunto de las políticas que se van implementando. Pensar las transiciones nos invita a incorporar una creatividad democrática capaz de afectar a los procedimientos y la toma de decisiones.
Ante problemas con mayúscula, fruto de la movilización y el protagonismo ciudadano, han ido surgiendo modestas innovaciones institucionales con minúscula, que ayudan a complejizar los modelos democráticos vigentes. La Asamblea Ciudadana por el Clima y la apertura de experimentos de democracia deliberativa; el reconomiento jurídico del Mar Menor como sujeto de derechos, gracias a una Iniciativa Legislativa Popular ILP; o la Ley por el Bienestar de las Generaciones presentes y futuras de las Islas Baleares, impulsada por otra ILP.
Frente a la certeza de que las políticas públicas son imprescindibles y el protagonismo social es insustituible, ha emergido en los últimos años la noción de cooperación público-comunitaria. Una idea alineada con el resto de innovaciones.
La llave de una puerta que todavía no existe
Llamamos cooperación público-comunitaria a las políticas que suponen el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre las administraciones y los tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. En la práctica, se trata de construir una noción expandida de lo público basada en la apropiación social y el reconocimiento de nuevas modalidades de gestión que promuevan la participación de la ciudadanía.
Resulta imprescindible modelar un estatuto particular para defender y consolidar la cooperación público-comunitaria. Es preciso esbozar un marco que se diferencie de la cooperación público-privada, con la que una parte del tercer sector y de los tejidos asociativos acaba identificándose, ante la ausencia de alternativas claras para nombrar las dinámicas de colaboración que establecen con las instituciones. Y esta inercia se ve fortalecida por la inexistencia de categorías jurídicas específicas, la escasez de convenios de colaboración o fórmulas reconocidas para estimular la gestión comunitaria.
La investigación supone un paso imprescindible para situar de forma preliminar este debate en la agenda de los movimientos sociales, la universidad, el personal técnico de la administración, los gobiernos y los partidos políticos. Una aproximación integral que ha permitido establecer complicidades entre diversos actores, recopilar decenas de prácticas inspiradoras, activas en distintos contextos de nuestra geografía, y sembrar la semilla para que en el futuro próximo pueda normalizarse el desarrollo de este tipo de fórmulas colaborativas.
La propuesta se vertebra en cuatro grandes ejes de intervención, en torno a los cuales se están dando las principales experiencias prácticas:
- El apoyo público a las dinámicas de autoorganización ciudadana y el fortalecimiento de una esfera pública no estatal.
- La gestión cívica de equipamientos e infraestructuras.
- El papel de la universidad y la promoción del enfoque pedagógico vinculado al Aprendizaje Servicio.
- El impulso de partenariados público-cooperativos y de la economía social y solidaria.
Recuperar la confianza en las instituciones y fortalecer la democracia pasa inevitablemente por profundizarla, permitiendo una mayor implicación de la ciudadanía y una reactualización de las políticas de participación ciudadana. La cooperación público-comunitaria facilita a la gente corriente implicarse políticamente, adquirir conocimientos y habilidades ecosociales, construir tejidos sociales más robustos e imaginar nuevas institucionalidades.
Necesitamos esta reconciliación. Y si vuelven a encerrarnos en una habitación, que sea habiendo elaborado la complicidad suficiente como para encontrarnos y colaborar en la construcción de un mundo mejor.