Protestar no es un crimen, se llama democracia por el clima

Tribuna publicada en EL PAÍS por escritores, científicos y activistas

Tras décadas de renuncias y cesiones a los lobbies del petróleo, del gas y del carbón, numerosas personas jóvenes —¡y a veces no tan jóvenes!— están viendo cómo nuestro futuro ha sido hipotecado. ¿Cómo sorprenderse ahora de que utilicen cuantos medios no violentos están a su alcance para hacerse oír y defender nuestra casa común, el planeta Tierra? ¿Cómo ignorar las alarmas de las científicas y los científicos que desde 2022 llaman públicamente a la desobediencia civil al ver la inacción de los gobiernos, a pesar de las muchas evidencias recogidas en sus informes?

¿Y cómo tolerar ahora que se criminalice a las personas y a los colectivos que defienden la vida de las generaciones futuras de manera pacífica y democrática?

En el informe que acaba de publicar el relator especial de la ONU sobre los defensores ambientales en el marco del Convenio de Aarhus, Michel Forst, se denuncia la represión de las protestas ambientales en toda Europa y se señalan una veintena de casos en España. El informe asegura que representan una grave regresión democrática y solicita a todos los Estados “cesar inmediatamente el uso de medidas diseñadas para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado contra los defensores del medioambiente”.

Somos creadores, escritores, científicos y activistas de todo el mundo y sumamos nuestras voces para alertar a la ciudadanía en España y en Europa de que no es un crimen utilizar la desobediencia civil pacífica contra una inacción climática que amenaza a toda la humanidad. Es más, constituye un derecho civil reconocido por la ONU y es un compromiso cívico vital con la democracia por el clima que necesitamos construir.

La comunidad científica nos avisa de que 2023 ha sido el año más cálido desde que se tienen registros y confirma la tendencia para 2024, con un incremento de la temperatura global media que se acerca peligrosamente a los 1,5 grados centígrados fijados como límite en el Acuerdo de París. La sequía en España ya figura entre los diez desastres climáticos más costosos del año en todo el mundo. Esta es la cruda realidad: desde el Acuerdo de París en 2015, los Estados europeos no han desarrollado ni aplicado políticas de reducción de emisiones capaces de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados como recomienda la ciencia; tampoco asumen su responsabilidad respecto a las emisiones históricas e incluso hemos llegado este año a un nuevo récord de emisiones del sector fósil.

Con sus acciones de desobediencia civil pacífica, el activismo climático no solo pone de manifiesto la falta de coraje político de nuestros gobernantes: también denuncia las actividades letales de las multinacionales que más contaminan, responsables directas de lo que el economista David Lizoain llama un “crimen climático” a gran escala.

En España, la investigación policial contra 25 personas, acusadas de pertenencia a una “organización criminal” por haber participado en acciones de Futuro Vegetal, así como el futuro juicio a otras 15 del grupo Rebelión Científica y Rebelión o Extinción por su protesta en las escalinatas del Congreso de los Diputados en abril de 2022, evidencian una alarmante criminalización de la desobediencia civil pacífica, con penas requeridas de 21 meses de cárcel. Especialmente preocupante resulta la inclusión por parte de la Fiscalía General de estos tres grupos de activismo climático en el apartado de “terrorismo nacional” de su última Memoria Anual, que persiste pese a que este organismo afirmó que no volvería a incluirlos en este epígrafe. Amenazar y silenciar a las y los activistas parece así una nueva forma de negativa antidemocrática a actuar sobre el clima, especialmente cuando un 84% de los ciudadanos europeos considera que si no reducimos drásticamente nuestro consumo, llegaremos a una catástrofe sin precedentes y por ello reclaman más compromiso climático a sus gobiernos.

Esta criminalización de la lucha ambiental se produce en toda Europa, hasta el punto de que la comisaria europea Dunja Mijatovic ha expresado hace poco su extrema preocupación a todos los gobiernos actuales de la UE por las formas autoritarias que aplican a las protestas climáticas: “La manifestación pacífica, cualquiera que sea su forma o ámbito de expresión, no es ni debe ser nunca equiparada a la actividad ilegal y al terrorismo en particular”.

Los actos de desobediencia civil implican incumplir una norma de forma premeditada con el objetivo de generar conciencia, expresar disconformidad social o política o impulsar cambios en la legislación, como cuando la activista afroamericana de Estados Unidos Rosa Parks desobedeció y se sentó en un autobús en un asiento reservado para blancos, una acción por la que fue detenida. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido que las acciones de desobediencia civil, siempre que sean pacíficas, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Esto significa, como explica la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que si quienes participan en actos de desobediencia civil enfrentan sanciones penales, estas deberán ser siempre proporcionadas. Aplicar cargos penales excesivos en contra de las acciones de desobediencia civil para la defensa del medioambiente genera un efecto desmovilizador y limita voluntariamente el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión.

Las acciones de protesta realizadas en lugares tan simbólicos como el Congreso de los Diputados o como cortar la M-30 han sido alertas llamativas, simbólicas y voluntariamente estridentes para exigir directamente a los dirigentes políticos y económicos que se comprometan con las medidas de transformación formuladas en los informes científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). También reclaman una participación amplia, permanente y vinculante de toda la sociedad civil en la acción climática que garantice el pleno cumplimiento del Convenio de Aarhus. Sumando a numerosas organizaciones, la protesta climática se organiza para pedir y construir nuevos mecanismos democráticos, tales como las Asambleas Ciudadanas por el Clima, que integran de manera permanente y vinculante a la mayoría de la población española, ya altamente concienciada de la extrema gravedad de la crisis ambiental.

Sean cuales sean las críticas de sus detractores, las acciones encabezadas por los grupos Rebelión Científica, Rebelión o Extinción y Futuro Vegetal, tanto como las que llevan décadas empleando organizaciones como Greenpeace por todo el mundo,son en todo caso no violentas y comparten la misma finalidad: mostrar que frente a la extrema emergencia climática, al colapso de los ecosistemas, nuestras democracias no pueden seguir fracasando colectivamente.

Todas estas protestas dan fe del compromiso por la vida de una generación que no quiere quedarse de brazos cruzados mientras nuestro futuro, según la ONU, está al borde del colapso y mientras en Europa conviven, por un lado, discursos que buscan retrasar las medidas necesarias, priorizando la economía al cuidado del medioambiente, y por otro, un negacionismo climático, que amenaza directamente la agenda de transición ecológica. Por muy incómodo que resulte, no es un crimen decir esta verdad científica y pedir a todos los responsables que actúen ahora para construir una renovada democracia ambiental, capaz de hacer frente a esta terrible realidad.

Zadie Smith (Reino Unido) y Manuel Rivas (España) son escritores, y Jean Jouzel es climatólogo, vicepresidente del panel internacional de expertos científicos IPCC (2002-2015) y premio Nobel de la Paz en 2007 (Francia). Firman también este artículo:

Adam Mac Kay, guionista y director (EE UU); Amitav Ghosh, escritor, (India); Sir Ben Okri, escritor (Nigeria); Homero Aridjis, escritor, activista ambiental y diplomático (México); Chloe Aridjis, escritora (México); Carsten Jensen, escritor y periodista (Dinamarca); María Sánchez, escritora (España); Liz Jensen, escritora (Reino Unido); Alfons Cervera, escritor (España); Azahara Palomeque, escritora y periodista (España); Amador Fernández-Savater, filósofo (España).

Científicos
José M. Moreno, catedrático de Ecología, miembro de la Real Academia de Ciencias y coautor del VI informe del IPCC (España); Peter Kalmus, físico en la Nasa y UCLA (EE UU); Marta Rivera Ferre, socióloga de la agricultura y la alimentación y coautora del VI informe IPCC y del IPBES (España); Fernando Valladares, profesor de ecología, investigador del CSIC y comunicador científico (España); José Manuel Gutiérrez Llorente, director del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, UC-CSIC) y coautor del VI Informe del IPCC sobre Cambio Climático (España); Joan Martínez Alier, economista y premio Holberg 2023 (España); Wolfgang Cramer, geógrafo, ecólogo y coautor del IPCC desde 1995 (Francia); Rose Abramoff, bioquímica, Ronin Institute (EE UU); Victoria Reyes García, antropóloga, experta del IPBES y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (España); José Esquinas Alcázar, ingeniero agrónomo, doctor en Genética y exdirectivo FAO/ONU (España); Antonio Turiel Martínez, doctor en Física Teórica e investigador del CSIC (España); Julia Steinberger, profesora de Economía Ecológica, investigadora y coautora del VI informe del IPCC (Suiza).

Activistas/ ONG
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España; Eva Saldaña, directora de Greenpeace España; Francisco Vera, activista ambiental (Colombia); Yayo Herrero, antropóloga y activista (España); Gail Bradbrook, biofísica y activista ambiental, cofundadora de Extinction Rebellion (Reino Unido); Clare Farrell, activista ambiental cofundadora de Extinction Rebellion (Reino Unido).